La lenta agonía de la justicia en España
Si la comparamos con un enfermo, la justicia española está en fase terminal.
A mi juicio, y a diferencia de otros países, hemos asumido como norma una escandalosa politización de la justicia.
De poco han servido las advertencias del grupo GRECO, que en su informe de 2021 considera “no cumplida” la recomendación para realizar una evaluación del marco normativo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Ha pasado el tiempo y el en Estado español, y no es la primera vez, el Consejo General del Poder Judicial, no solo no se ha renovado en la fecha prevista de su disolución, sino que ha continuado en funciones un mandato entero, cinco año sin proveer a su renovación. Esto ha provocado una situación legalmente imprevista de que no coincidan los presidentes del Consejo y el del Tribunal Supremo.
Este estado de cosas no trae causa alguna de la actuación judicial, sino de la situación de tensión política que palmariamente ha llevado al incumplimiento tanto del mando legal como constitucional.
Cuando decimos que el órgano de gobierno de los jueces está en funciones, lo justificamos porque desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 4/2021, de 29 de marzo no puede hacer nombramientos.
A día de hoy la situación sigue estando estancada y por ello no se pueden afrontar los grandes retos de la justicia en el siglo XXI.
La inactividad del Consejo ha llevado a las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia a una situación límite. Es por ello que los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de España han llegado a denunciar que el sistema actual de Justicia “está totalmente superado” y hablan de una urgente necesidad de refundarlo.
“La Justicia, su diseño constitucional – manifiestan -, el encaje institucional de su órgano de gobierno (el Consejo General del Poder Judicial), su politización, real o aparente, y cómo no, los déficit organizativos y estructurales” la lastran desde hace décadas. Esta ha sido una de las conclusiones expuestas tras la celebración de la XVIII Jornadas de Presidencias del TSJ en la Palma.
Pero la denunciada politización de la justifica ha trascendido el régimen interno. La prensa y opinión pública habla sin rubor de jueces «conservadores» y jueces «progresistas». Algo inopinado en nuestro horizonte judicial occidental. De ahí los reproches a determinadas resoluciones judiciales según el juez que las redacta.
Pero lo cierto es que esto no es sino una proyección de la composición del Consejo, según los nombramientos que los partidos políticos hacen de sus vocales. Lógicamente, la duda sobre los nombramientos discrecionales está servida.
Pero sobre lo anterior ya han corrido ríos de tinta, y lo cierto es que nos ofusca sobre los problemas reales de la justicia en España: órganos judiciales totalmente desbordados, como sucede en la periferia de las grandes ciudades, sin planes reales de puesta al día y una deficiente estructura de los distintos circuitos judiciales, dada la vigencia de un sistema decimonónico como el de «partidos judiciales» que hace que junto a un juzgado con trabajo inasumible haya juzgados a unos pocos kilometros con apenas trabajo, y a veces, mejor dotados que el primero.
Finalmente, no podemos terminar este artículo sin mencionar la muy deficiente técnica legislativa que lejos de simplificar los trámites procesales los agrava, con grave inseguridad jurídica. Un ejemplo de ello lo tenemos en la Ley de Enjuiciamiento Civil, que desde su publicación en el año 2000, ha sido tanta veces modificada que apenas quedan un puñado de artículos originales.
También es preocupante que en todos estos años no hayamos alcanzado un consenso sobre la publicación de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre la instrucción de los Fiscales, sobre la existencia de un Juez de Garantías, y un largo elenco legislativo que se hace aquí penoso de relatar.